@pablojair
Salir del poder que da el servicio público no es fácil. Muchos, por muy pequeños que sean los cargos (especialmente para los que son nuevos en esa talacha), sienten que le hacen un favor a su comunidad. Que son requeridos y necesarios.
Son pocos, muy contadas y honrosas excepciones, las personas quienes tienen claro lo que es el servicio público, verdaderamente comprometidos con el encargo.
Por eso es difícil para algunos desprenderse de la embriaguez que da el poder, especialmente cuando tienen privilegios de lujo (ahí tienen al paisano “Checo” Gutiérrez y sus boletos VIP); acceso a gente que te puede ayudar en la vida diaria (policías, “guachomas”, médicos); cuando se ganan sumas millonarias de dinero (lícito o ilícito); o hay acceso a la élite empresarial-política, beneficios para sus familiares, amantes, etc.
Así ha sido durante años y por eso vemos a los mismos actores políticos que desde hace décadas están incrustados en la nómina oficial, “sirviendo”, hinchados de soberbia y con hartas ganas de seguir succionando del erario público.
¿Y por qué esta introducción? Por lo que acaba de pasar en el Poder Judicial…
Ya inició una nueva etapa que ha generado mucha polémica, especialmente para los que sirvieron de dicho Poder, pues se considera que era uno de los últimos reductos de la oposición (conservadores, le llama la 4T), pero que además —también, salvo honrosas excepciones— funcionaban como una estructura alterna a la vida pública del país, con las canonjías mencionadas y en beneficio de delincuentes de alta gama.
Por ejemplo, durante años era sabido que una de las estrategias comunes de narcotraficantes o delincuentes de cuello blanco era que cuando eran detenidos por corporaciones estatales o municipales, sólo bastaba la orden de un juez federal para su liberación; a veces con criterios muy cuestionados que hacían deducir el porqué de su actuar: la “mochada”, la “mordida”.
Así, por décadas, varios malandros que habían sido detenidos, pese a contar con señalamientos de delitos graves, simplemente salían de la cárcel gracias al amparo federal.
Pero quizás la gota que derramó el vaso fue precisamente la soberbia de la que hacíamos referencia al principio de esta columna. El sentirse intocable e indispensable.
Cómo olvidar, por ejemplo, cuando Norma Lucia Piña, la entonces ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia (en lo que muchos celebraron como un acto de “rebeldía”) negó a ponerse de pie en la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que llegaba el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al presidium. Eso fue en febrero de 2023.
No, no estaba obligada, pero de cualquier manera, por respeto a la investidura presidencial, podría haberlo hecho como una cortesía.
De hecho, en ese momento ya se habían soportado casi todo un sexenio. Incluso, aunque López Obrador se quejaba de que el Poder Judicial le frenaba sus proyectos, al final obedecía los mandatos judiciales.
En ese contexto, la descortesía de Piña se da a un año y medio de que terminara la administración del tabasqueño, casi entrando en los tiempos electorales. Por eso el gesto de la ministra no pasó desapercibido y lo hizo en un mal momento.
Quizás AMLO ya tenía en la mira al Poder Judicial para reformarlo, pero no encontraba un pretexto ideal para desquitar las groserías, los desplantes y la obvia contracorriente que le llevaban los jueces y la Suprema Corte.
Y ese 2023 el acabose del Poder Judicial como lo conocimos: el motivo más fuerte se dio en Veracruz, pues resulta que jueces federales estaban liberando a delincuentes señalados de delitos gravísimos, como el caso del “Compa Playa”, un operador peligroso del Cártel Jalisco Nueva Generación a quien hace poco deportaron a los Estados Unidos.
Como otro ejemplo, recientemente se dio a conocer que fue detenido Anuar “N”, ex juez federal veracruzano quien apenas hace dos años fue destituido por corrupción, y ahora se desempeñaba como abogado de una empresa vinculada al huachicol.
Estas acciones hicieron que en mayo de 2023, el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez organizara una protesta frente a la sede de la Suprema Corte contra los ministros.
“Están muy sincronizados, están con el grupo conservador y sus voceros queriendo impedir el avance de la Cuarta Transformación del País”, acusó Cuitláhuac desde el templete en ese entonces.
El mitin de Cuitláhuac fue criticado con burlas y minimizado, pero muchos no se dieron cuenta de lo que se estaba gestando: el inicio del derrumbe del todopoderoso Poder Judicial. Desde ahí se fue gestando la idea de que la gente votara por sus integrantes y mandar al carajo a quienes por décadas ya habían hecho un patrimonio personal con negocios turbios.
Las respuestas del Poder Judicial (o mejor dicho, de su principal protagonista, Norma Piña) eran de confrontación. Otras señales claras que no le ayudaron en nada fue cuando se confirmó que la ministra presidenta había tenido reuniones con políticos de oposición como el despreciable “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, justo en tiempos electorales.
Y pasó lo que tenía qué pasar: antes de irse López Obrador, el Instituto Nacional Electoral dejó de ser bastión de la oposición cuando se dio el cambio de consejeros. Posteriormente, sería este instituto el que organizó las inéditas elecciones del Poder Judicial.
Tampoco debe dejarse de lado que la llamada 4T continuó ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, el plan no iba a cambiar para nada y eso, al parecer, no lo estaban viendo los ministros.
Con todo y las descalificaciones de sectores identificados con la oposición, finalmente hace unas semanas atrás, los nuevos jueces, magistrados y ministros tomaron protesta luego de ser electos. Aparentemente (ya se verá en los días por venir) trabajará en concordancia con el gobierno y con esto se podría decir que ya no habría obstáculos legales para proyectos en el futuro.
Muchos argumentan que con esto desapareció un contrapeso al poder, pero tampoco podemos ser tan ingenuos: no eran sólo un “contrapeso”, eran un estorbo con intereses políticos (y monetarios) evidentes, como ocurre cuando dan protección al magnate Ricardo Salinas Pliego para que no pague los millonarios impuestos que debe al fisco.
A eso súmense los criminales peligrosos que por años se liberaron gracias a amparos federales.
Claro, la elección judicial quizás no fue la mejor (acá en en la elección local falló el sistema y tuvieron que contar a mano todos los votos) pero es perfectible. Ahí tuvimos al IFE avalando fraudes como cuando ganó Felipe Calderón, pero eso se fue mejorando y ahora hasta se vota por correo desde el extranjero. Todo es perfectible y corregible.
Tampoco es un buen argumento de los “afectados” el decir que llega gente no preparada o sin estudios; o pitorrearse de los rituales indígenas. Eso confirma más el discurso clasista de quienes por años se beneficiaron de vivir directa o indirectamente del Poder Judicial recientemente reformado.
“Haiga sido como haiga sido”, la Reforma Judicial ya fue, ya está instalada.
Quizás si los ministros de antes se hubiesen quitado tantita soberbia, habrían podido escuchar y atender los reclamos. Todavía estarían instalados y respetados en sus cargos como un contrapeso legítimo.
Pero no, todo eran intereses de quienes se supone deben aplicar la ley.
A estas alturas, Doña Piña debe andar pensando si fue buena idea tanto desplante, tanta confrontación, tanta “rebeldía”, antes de mejor limpiar la casa de tanta corrupción. Que pudo haber maniobrado mejor, políticamente hablando.
Igual y nada le costaba pararse ese día sólo para la foto… pero la soberbia: esa maldita soberbia que siempre es mala consejera.
